NEOSERVIDUMBRE GAMONALISTA
DEL SIGLO XXI, PARA SU ABOLICION
¡Campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza!
Las protestas masivas desde
el corazón del sector agroindustrial y ahora extendidas al norte del país, con
un saldo trágico de un joven peruano muerto; nos retornaron a las condiciones
previas de 1969, cuando Velasco promulgó la Ley de Reforma Agraria; medio siglo
después se evidencia neoservidumbre laboral en todo el sistema productivo y de
servicios, vía regímenes laborales distorsionados, ultradesprotectores,
precarizantes de los derechos laborales de los trabajadores, justificados por
un esquema ideológico de demonización de la intervención del Estado en las
políticas públicas, para promover la inversión privada, sin más regulación y
control que la “mano invisible del mercado”.
El desenlace fatídico, la extensión y sostenibilidad de la protesta requieren una urgente solución, la demanda es clara, DEROGAR la Ley La 27360 Ley de Promoción al Sector Agrario, el DU 043-2019.
La propuesta del Ministro de Trabajo, respecto a la derogatoria del capítulo laboral, ha sido rechazada por los manifestantes, como también el PL 5759 que propone derogarla, gracias a una acelerada correlación de fuerzas en el Congreso, entre FP, AP, Podemos, APP, que aprueba la cuestión previa para que el proyecto regrese a comisiones para un estudio técnico – una estrategia para ganar tiempo y enfriar la protesta, frente a la visibilización de sus impactos negativos-.
La exposición de la
Presidenta del Consejo de Ministros, durante el voto de Confianza, luego del
dar cuenta del inicio de la investigación por la muerte injustificable de un
joven, contiene un importante cambio de posición del Ejecutivo, al sostener
expresamente que el Ejecutivo va proponer el Proyecto de Ley para la Derogación
de la Ley de Promoción Agraria (LPA). Esta solución va depender de como se
mantenga la correlación de fuerzas en el Congreso, frente a la presión social
para su agenda inmediata y votación en el Pleno.
El Parlamento esta impelido
por la presión social, la gravedad de los hechos, pero también por las élites
de poder del sector agroindustrial que representan, una tensión que será
resuelta por el mayor peso de presión y visibilización de los cabildeos y donde
el Ejecutivo tiene un papel clave para su desenlace, como oportunidad para
demostrar la firmeza de sus compromisos políticos ante la ciudadanía.
El Gobierno es consciente de los efectos de la Ley de Promoción Agraria gestada en los años del Fujimorismo, por el actual Director del BCR José Chlimper (dueño de AgroKasa, ex Ministro de Agricultura con Fujimori, ex Pdte de Fuerza Popular) y prorrogada hasta el 2031 por Vizcarra producto de los cabildeos de los empresarios agroexportadores; las consideraciones de explotación y abuso laboral, a través de las cuales las empresas agroexportadoras y comercializadoras, pretenden justificar como necesaria, por la naturaleza “temporal” de la actividad, desviando el eje de la discusión, es falaz y rebatible, ya que el problema radica en el mal uso de los contratos temporales que la LPA ha institucionalizado, tanto más, que la temporalidad, se hace o se resuelve a través de contratos temporales del Régimen General.
Del mismo modo, insubsistente la justificación de la necesidad de promoción de la agroexportación y salvaguarda frente a la competitividad internacional, la transitoriedad se ha convertido en permanente durante los últimos 20 años (extensibles hasta el 2031), en medio de un sostenible crecimiento incluso durante la pandemia según el BCR y el INEI. La necesidad de salvaguarda, exoneración tributaria, son injustificables en este momento, por la rentabilidad y las tasas de crecimiento exponencial alcanzadas del 800% entre el 2004 al 2019, de ahí que su derogatoria sea factible, pues no alteran el funcionamiento en el sector, que se ha enriquecido por mucho tiempo y puede por sí misma desarrollarse; tanto más que mantiene las mismas brechas de desigualdad, al no advertirse diferencia entre las condiciones de pobreza y precariedad de servicios públicos de las zonas de influencia de la actividad, con las zonas más pobres de Ica (no se refleja en colegios, hospitales la distribución de la riqueza, no hay relación entre el crecimiento de agroexportación y desarrollo social e inclusión).
Este esquema ha sometido a
condiciones de esclavitud moderna, las empresas cuando hacen uso de empleos
temporales, agregan factores distorsionadores, esto es que la CTS,
gratificaciones, vacaciones las agregan a la Remuneración Diaria; en la
práctica se diluyen estos beneficios, cambiándoles hasta la esencia de su
contenido como la CTS de ser un seguro frente al desempleo.
Una isla de privilegios, cuya actividad tiene símiles con la temporalidad del sector construcción, que tiene negociación colectiva, beneficios sociales y no goza de exoneraciones tributarias del 15% frente a los 29% que pagan los otros sectores.
Una temporalidad, que difiere
de la agricultura doméstica, pues las empresas agroexportadores se han adaptado
a la estacionalidad de la producción, no son eternamente temporales, escalonan
su producción y cosechas para suministrar todo el año al extranjero Ej, campaña
de uva, arandanos, etc. De ahí que el 70% de trabajadores agropecuarios
realizan actividades permanentes, siendo solo un 30 % estacionales; sin
embargo, estas empresas usan en el 90% de los trabajadores contratos temporales
distorsionados.
El crecimiento de sectores privilegiados no puede darse sobre la explotación y los bolsillos de todos los peruanos, la explotación laboral es tan grave que, ya ni siquiera se pone en cuestión la estabilidad laboral como reivindicación (solo el 4% de la PEA, 1 de cada 25 tiene contrato a plazo indeterminado indeterminado), sino tan solo mínimas condiciones y respeto a la dignidad del trabajador.
La satanización de la
intervención del Estado, es oportunamente permitida para salvaguardas a las
empresas en crisis, exonerarles tributos en medio de una crisis; mientras los
emprendedores de ingresos de 15 UIT pagan el 29% del impuesto, los
agroexportadores de 600 UIT pagan solo el 15% gracias a la LPA prorrogables
hasta el 2031; 1,400 millones de soles que cuesta a los bolsillos de todos los
peruanos, mientras los demás pagamos 9% a ESSALUD, las agroexportadoras pagan
4%; mientras en el Régimen General las MYPES están obligadas a pagar CTS,
Vacaciones, gratificaciones, las agroexportadoras con la excusa de la
temporalidad pagan a la “gran minoría de formales” s/39 RD menos CTS,
Vacaciones, gratificaciones y los obligan a trabajar 12 horas bajo el sol;
frente a la gran mayoría de trabajadores informales que los contratan bajo las
SERVICES, con salarios de s/10 a 15 diarios, les deducen los alimentos,
transportes, los arrojan a la calle en cualquier hora del día, sin ningún
derecho laboral, vejados a través de un CAPATAZ e intermediación de las
SERVICES.
El problema agrario, sin
embargo, enfrenta no solo la explotación a través de un marco legal de
explotación laboral, sino también de un esquema Estatal de acumulación de
tierras a favor de grandes empresas, una absoluta reversión de la Reforma
Agraria, al concesionar tierras eriazas y desiertas, luego de ser habilitadas
con obras de irrigaciones estatales, a favor de los mismos expropiados de
Velasco, dando lugar al neolatifundio del siglo XXI.
La rectificación de la estructura agraria, es fundamental para la democracia y el desarrollo económico participativo, sin ella no es posible elevar la productividad, organizar y prestar servicios de asistencia técnica, económica y social a la pequeña y la mediana agricultura, a nuestra agricultura doméstica que nos provee de alimentos, como tampoco es posible una mejor redistribución de la renta producida por la explotación de la tierra, entre los propietarios y los trabajadores.
Visto así, las demandas de
derogación de la Ley de Promoción Agraria, se convierte en la batalla necesaria
en un conjunto de cambios por hacer.
Los peruanos, no podemos
permitir que el patrón, siga comiendo de su pobreza.
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