y competencia imperfecta
Vidal Pino Zambrano
Exdirector de Cultura
Cusco, consultor y profesor universitario
Machupicchu, símbolo del
patrimonio andino y principal atractivo turístico del Perú, posee un valor
universal excepcional que trasciende lo material. Su fuerza radica en ser un
enclave sagrado de profunda significación espiritual, capaz de conectar al
visitante con la cosmovisión andina y con una experiencia única de
contemplación del paisaje y de la memoria ancestral. Este carácter simbólico y
mágico constituye el núcleo de su atractivo global.
Sin embargo, esta riqueza
espiritual ha sido instrumentalizada dentro de un modelo económico cerrado y
rentista, que ha subordinado el interés patrimonial y social a la lógica de la
maximización de su explotación. En este artículo se analiza, desde la teoría
económica, cómo un bien cultural y sagrado como Machupicchu ha sido capturado
por estructuras monopólicas, y por qué su valor no puede ni debe ser tratado
como una simple mercancía en el mercado turístico global.
Bien escaso, pero no mercancía: el malentendido económico
Desde la teoría económica,
Machupicchu puede entenderse como un bien escaso de oferta fija: no puede
reproducirse, ni escalar su capacidad sin afectar su integridad. Sin embargo,
su valor simbólico y espiritual lo convierte en algo mucho más que un activo
turístico. Es un bien cultural singular, con externalidades sociales,
ecológicas y emocionales que trascienden cualquier lógica comercial.
Tratar Machupicchu como
mercancía equivale a ignorar su carácter sagrado, su vínculo con la identidad
andina y su rol como bien del patrimonio mundial. Este tipo de bienes
—irreproducibles, cargados de significación, y con funciones colectivas— no
responden adecuadamente a los mecanismos del mercado, que asigna recursos según
capacidad de pago y no según valor cultural o sentido espiritual.
Oferta limitada y demanda creciente: el caldo de cultivo
para la distorsión
La alta demanda
internacional por Machupicchu, impulsada por su valor simbólico y
reconocimiento mundial, choca contra una oferta rígida: el área nuclear de la
llaqta no puede ampliarse ni multiplicarse. Este desequilibrio genera escasez
relativa y eleva el precio de servicios relacionados con su acceso.
Sin embargo, el problema
no es solo el encarecimiento, sino la instalación de barreras burocráticas,
concesiones privilegiadas y monopolios fácticos que restringen la competencia,
controlan el ingreso y convierten el patrimonio en fuente de renta para unos
pocos en contra de la conservación del sitio.
Uno de los casos más
evidentes es CONSETTUR[ii],
que monopoliza el transporte entre Aguas Calientes y la llaqta. A ello se suma
el contrato ferroviario exclusivo de FETRANSA, quien decide que nuevos
operadores pueden operar en la vía. El resultado es una estructura cerrada,
ineficiente y excluyente, disfrazada de pluralidad.
Base conceptual: Entre el espejismo del mercado, la lucha
simbólica, la exclusión territorial y el desgobierno multiactor.
El caos actual en torno al
acceso, la gestión y la distribución de beneficios turísticos en Machupicchu
exige una lectura estructural que vaya más allá de los síntomas inmediatos.
Esta lectura se enriquece al articular cuatro enfoques teóricos
complementarios: la economía del bienestar (y sus distorsiones), la teoría de
los bienes comunes, la sociología del poder simbólico y la teoría de la
justicia espacial y la exclusión territorial. Cada uno aporta herramientas
fundamentales para comprender por qué, a pesar del enorme valor cultural,
económico y ambiental del sitio, el resultado es ineficiencia, conflicto,
desigualdad y deterioro.
1. El espejismo del mercado: superávit privado, pérdida
social
Según la economía
neoclásica, los mercados tienden, bajo competencia perfecta, a asignar
eficientemente los recursos, generando superávit para consumidores y
productores. Sin embargo, el caso de Machu Picchu se aleja radicalmente de este
ideal teórico, debido a fallas estructurales de mercado y a una intervención
estatal débil o cooptada.
• Superávit del consumidor distorsionado: en lugar de beneficiar
a quienes valoran auténticamente la experiencia cultural y espiritual del
sitio, el acceso se define por el poder adquisitivo o la capacidad de tolerar
condiciones adversas (desinformación, saturación, maltrato). Esto excluye a
sectores de menores ingresos —particularmente turistas nacionales, escolares o
poblaciones andinas— y convierte el patrimonio en un privilegio, rompiendo su
vocación universal.
• Superávit del productor concentrado: aunque el principal
"productor" del bien es el Estado peruano, responsable de su
conservación, los mayores beneficios económicos son capturados por empresas
corporativas (negocios locales de Aguas Calientes, ferrocarrileras, agencias de
turismo informales), muchas de las cuales no asumen responsabilidad ambiental
ni cultural. Este desequilibrio reproduce un esquema de rentismo extractivo: en
lugar de invertir en calidad, sostenibilidad o diversificación, los actores
dominantes se limitan a preservar sus privilegios y bloquear la entrada de
nuevos competidores. En tal sentido resulta difícil llamarlos empresarios.
• Captura normativa y falla estatal: lejos de corregir estas
distorsiones, el Estado —en sus niveles local, regional y nacional— ha
reforzado el statu quo mediante normas que, bajo el pretexto de proteger el
patrimonio, terminan blindando intereses particulares. La falta de visión
estratégica y la debilidad institucional han permitido que el modelo turístico
sea capturado por lógicas corporativas y clientelares que distorsionan el
interés público.
2. La tragedia de los comunes: sobreexplotación sin
regulación
Garrett Hardin (1968)
advirtió que cuando un recurso limitado y compartido carece de regulación
colectiva, tiende a ser sobreexplotado por actores individuales que buscan
maximizar su beneficio sin internalizar el costo social acumulado. Machu Picchu
es hoy un caso paradigmático de esta "tragedia de los comunes":
• El acceso, el transporte, el boletaje, la
gestión de residuos, la señalética y la infraestructura turística están
fragmentados entre múltiples actores, sin una gobernanza técnica ni visión de
conjunto.
• Cada entidad —sea pública, privada o
comunal— actúa según lógicas parciales, sin asumir responsabilidad integral por
el sistema.
• Esto genera congestión crónica, deterioro
ambiental, conflictos sociales y pérdida de valor patrimonial, afectando la
sostenibilidad a largo plazo.
3. Campo simbólico y lucha de poderes: la disputa por el
capital de Machu Picchu
Desde la sociología de
Pierre Bourdieu, Machupicchu no solo es un recurso económico, sino también un
campo simbólico donde distintos actores luchan por controlar los relatos, las
rentas y las decisiones sobre el sitio. En este espacio confluyen distintas
formas de capital: económico, político, social y simbólico.
• El Estado central, el Gobierno Regional
del Cusco, las comunidades campesinas[iii],
los operadores turísticos, los municipios locales y los ministerios sectoriales
compiten —abiertamente o de forma encubierta— por el control de la llaqta.
• Bajo discursos de “desarrollo regional”,
“soberanía cultural” o “defensa del patrimonio”, se esconden -la mayor parte de
veces- intereses corporativos, gremiales o clientelistas.
• El resultado es una gobernanza caótica y
fragmentada, donde las decisiones se bloquean mutuamente, no se establecen
reglas claras y no se logra construir una autoridad legítima capaz de articular
una visión común.
4. Justicia espacial y exclusión territorial: los actores
invisibles del patrimonio
Una lectura desde la justicia
espacial (Lefebvre, Harvey, Sen) permite visibilizar una de las paradojas más
graves del modelo actual: las comunidades aledañas, históricas ocupantes y
custodias del territorio, son sistemáticamente excluidas de los beneficios, las
decisiones y las oportunidades.
• La participación comunal suele entenderse
en términos folklóricos o asistencialistas, no como actores económicos reales.
Su rol se reduce a proveedores marginales o instrumentos de legitimación
simbólica, sin acceso real a las rentas ni al diseño de políticas.
• La inserción productiva de las
comunidades en la cadena de valor turística —vía emprendimientos formales,
asociaciones estratégicas o gestión territorial compartida— sigue siendo
limitada y fragmentaria.
• Esta exclusión alimenta el descontento,
la desafección y la deslegitimación institucional, generando un ciclo de
conflictos sociales y oportunidades perdidas. Incluirlas no es un acto de
caridad, sino una condición estructural para la sostenibilidad territorial y
cultural del sitio.
En conjunto, se ha ido
consolidando una economía rentista en torno a Machupicchu: tanto grandes
corporaciones como pequeños comerciantes —todos, como dice el tango, “revueltos
en el mismo fango”— participan de un sistema donde las rentas derivadas del control
del acceso al sitio no provienen de la innovación, la inversión productiva ni
la mejora de servicios, sino de la conservación de privilegios[iv].
Esta estructura de competencia imperfecta, con escasa movilidad de actores y
alta captura de rentas, produce un mercado ineficiente, excluyente y altamente
lucrativo para quienes detentan el control institucional y económico del
territorio.
La distorsión como estrategia: escasez simulada y captura
de rentas
Lo que ocurre en
Machupicchu no puede explicarse como una simple falla de mercado: se trata de
una distorsión deliberada y estructural. Se ha construido artificialmente una
sensación de escasez mediante la imposición de cupos, exclusividades y
restricciones que generan rentas artificiales. El acceso al santuario, a las
entradas, al transporte y a los servicios conexos está controlado por redes
institucionales que operan más como oligopolios o carteles, que como un mercado
competitivo y abierto.
Lejos de fomentar un
sistema de acceso diverso e inclusivo, se penalizan las rutas alternas —como
Santa Teresa, Salkantay o Choquequirao— que no solo carecen de apoyo logístico
e institucional, sino que, en muchos casos, son escenario de conflictos
internos entre comunidades o actores locales. Estas disputas terminan debilitando
las alternativas al circuito oficial y fortaleciendo el modelo hegemónico,
cuyos beneficiarios son precisamente aquellos que hoy capturan las rentas
generadas por la distorsión del sistema. Esta situación es sostenida, por
acción u omisión, por el Estado en todos sus niveles, desde el nacional hasta
el local.
En Aguas Calientes, la
expansión del negocio turístico convive con un control soterrado del acceso,
ejercido por grupos locales que regulan licencias, permisos y servicios
mediante mecanismos informales de exclusión. Lo que se ha consolidado,
entonces, es una economía cautiva, donde la oferta está restringida, los
precios sobredimensionados, la competencia anulada, y la innovación
desincentivada. Todo ello bajo el amparo de normativas que legitiman el control
rentista utilizando el discurso de la conservación ambiental y la protección
del patrimonio cultural de la humanidad. Por su parte, el municipio local no
cuenta con la capacidad de aplicar sus propias normas y los límites del pueblo
se siguen ampliando de manera horizontal y vertical en contra de la normativa
vigente.
¿Quién paga el costo de esta estructura? Visitantes y
comunidades
Por un lado, tanto los
turistas internacionales como los visitantes nacionales sufren las
consecuencias de un modelo que inflaciona precios y restringe servicios,
transformando una experiencia patrimonial que debería ser accesible y
enriquecedora en un consumo exclusivo, saturado y limitado. Por otro lado,
quienes se apropian de las rentas derivadas de este sistema —aunque se
presenten como defensores del patrimonio— están lejos de promover un modelo de
desarrollo sostenible.
Desde el Estado se han
planteado diversas formas de intervención. Entre ellas destacan el estudio
sobre capacidad de carga turística vigente, que establece un número máximo de
visitantes que la llaqta puede recibir sin comprometer su conservación, el
mismo que cuenta con la necesidad de implementar un Centro de Visitantes en la
base de Machupicchu, que permitiría diversificar las rutas y reducir la presión
directa sobre el sitio, siguiendo modelos aplicados en otros patrimonios
mundiales.
No obstante, estos buenos
propósitos chocan con una realidad estructural: la población de aguas
calientes, malinformada por sus autoridades locales e intereses obscuros, se
opone a este tipo de intervenciones que permitiría cumplir con las necesidades
de ordenamiento y control del flujo de visitantes, además de convertirse en un
ejemplo de desarrollo sostenible. Un ejemplo concreto es que hoy una parte de la
venta de boletos se realiza exclusivamente en el pueblo de Aguas Calientes, lo
que obliga a los visitantes a desplazarse hasta allí y a prolongar su
permanencia, generando un consumo forzado en hospedajes, restaurantes y
comercios locales, los mismos que manejan precios muy por encima de las
posibilidades del peruano de a pie y, en su gran mayoría no tributan de acuerdo
a Ley. Esta medida no busca dinamizar la economía local, sino aumentar y
concentrar el número de accesos de manera irregular y bajo ciertas condiciones
que benefician a quienes ya ejerce control sobre el circuito turístico,
generando una experiencia caótica y desagradable para los turistas.
Así, lo que podría parecer
una solución organizativa o de ordenamiento turístico, en realidad refuerza una
economía cautiva, donde el visitante pierde capacidad de decisión y el acceso
al patrimonio es condicionado a la adquisición de servicios con altos costos
sin que INDECOPI se pronuncie al respecto. La reciente autorización para vender
mil boletos[v]
adicionales por día agrava este esquema, alimentando un círculo vicioso: a más
visitantes, mayores ingresos para los mismos actores, sin que ello implique una
mejora en la calidad del servicio, la distribución territorial de beneficios ni
la sostenibilidad del sitio.
Reflexiones para un modelo renovado: avanzar con equilibrio
La transformación del
modelo turístico de Machupicchu debe partir de una convicción profunda: la
interiorización colectiva de su valor excepcional, no solo como patrimonio
cultural, sino como símbolo de equilibrio entre naturaleza, historia y
espiritualidad. Más allá del cumplimiento formal de normas —como la Ley del
Patrimonio Cultural, la Ley de Participación Ciudadana o las recomendaciones de
la UNESCO—, lo fundamental es reconocer y asumir la responsabilidad compartida
de proteger y proyectar ese valor hacia el futuro.
A partir de esa
conciencia, es posible construir un modelo turístico más abierto, inclusivo y
eficiente, que supere la concentración de decisiones y beneficios, y que genere
nuevas oportunidades productivas y vivenciales en todo el territorio, en
armonía con la preservación del Santuario.
El eje clave: abrir rutas para generar iniciativas
El objetivo no es
reivindicar rentas por cercanía geográfica, sino crear condiciones reales para
que emerjan iniciativas que mejoren la experiencia del visitante, diversifiquen
la oferta de servicios y fortalezcan la sostenibilidad del destino.
Esto requiere abrir rutas
—físicas, institucionales y económicas— que conecten a más actores con la
dinámica turística, permitiendo que comunidades, municipios, iniciativas y
emprendedores desarrollen propuestas innovadoras y competitivas, tal como se
había desarrollado en sendos documentos (Machupicchu Integral, Plan Maestro,
Nueva Visión del Santuario, entre otros) y se venía implementando hasta
mediados del año 2022.
Entre las alternativas se deberían considerar las
siguientes acciones
• Ampliar la participación efectiva de los
territorios colindantes —sin excluir a Machupicchu Pueblo, Santa Teresa,
Yanatile, Mollepata y Ollantaytambo en la vertiente derecha al rio Vilcanota—
en el diseño de rutas, normas de acceso y oferta turística. Esta participación
debe entenderse como un mecanismo para generar valor compartido, no como una
concesión simbólica o rentista.
• Fomentar la diversificación territorial
del turismo, integrando corredores como Santa Teresa, Choquequirao, Mollepata,
provincias de Calca, Anta, Urubamba y La Convención a fin de redistribuir la
carga turística, prolongar la estadía promedio y enriquecer las experiencias
culturales, naturales y vivenciales.
• Eliminar barreras burocráticas y
normativas que hoy limitan la aparición de nuevos servicios y emprendimientos
locales, garantizando estándares de calidad sin bloquear la innovación ni
proteger privilegios existentes.
Gobernanza abierta, inversión inteligente, desarrollo
territorial
La reforma del modelo
turístico de Machupicchu no debe entenderse como una amenaza a lo ya alcanzado,
sino como una oportunidad para evolucionar hacia un ecosistema más
diversificado, participativo y sostenible.
Lo esencial no es
“repartir la renta”, sino abrir caminos para que más actores aporten valor,
mejoren los servicios, innoven en las experiencias ofrecidas y fortalezcan el
vínculo entre patrimonio y desarrollo territorial.
Un modelo renovado exige
una gobernanza colaborativa, donde confluyan el Estado, las comunidades, el
sector privado, la sociedad civil y la cooperación internacional. Esta
articulación debe guiarse por principios claros y orientadores:
• Promover una conciencia compartida sobre
el valor excepcional de Machupicchu y su entorno, como base para decisiones
coherentes y coordinadas entre los distintos actores, orientadas a la
conservación, el respeto intercultural y el desarrollo sostenible del
territorio.
• Sostenibilidad ecológica, para garantizar
la protección efectiva del Santuario y su entorno natural.
• Equidad productiva, para generar
oportunidades económicas más allá del eje tradicional Cusco–Aguas Calientes.
Asimismo,
resulta clave renegociar concesiones estratégicas, especialmente en los
sectores de transporte y acceso, a fin de garantizar condiciones de
competencia, mejorar la calidad del servicio e incorporar nuevos actores bajo
reglas claras, inclusivas y transparentes.
[i] Es necesario distinguir entre las distintas escalas
territoriales de Machupicchu: el Santuario Histórico comprende 37,302
hectáreas; dentro de él, la denominada "llaqta" ocupa unas 700
hectáreas; y, a su vez, el área nuclear de visita intensiva —la zona arqueológica
monumental— abarca apenas 10 hectáreas. Esta precisión espacial es clave para
entender los alcances de la protección patrimonial y los límites de la gestión
turística. De otro lado, la venta de 1,000 boletos diarios para el ingreso a la
llaqta, en el pueblo de Aguas Calientes, promovida en los últimos años, carece
de sustento legal y continúa en la nebulosa de las normas vigentes, pese a
afirmaciones oficiosas que intentan justificarla.
[ii] Cuyo contrato de concesión vence en setiembre de 2025.
[iii] No existen comunidades campesinas ni pueblos
originarios en el Santuario Histórico de Machu Picchu, pero si en los distritos
aledaños.
[iv] Es lamentable que la llaqta de Machu Picchu no tenga
una planta de tratamiento de aguas servidas y el desagüé del hotel se vaya
directamente al río Vilcanota.
[v]Únicamente
de manera referencial se pone esta información Según cifras del año 2020, la
capacidad máxima diaria de Machupicchu era de 5,600 visitantes. Ese año, el día
más bajo registró 2,180 ingresos, mientras que el día más alto alcanzó los
6,129. El promedio anual fue de 4,124 visitantes diarios, con un promedio
mensual mínimo de 2,953 y un máximo mensual de 5,280. En el 2007 ingresaron
aproximadamente 650 mil visitantes y en el 2020 más de un millón y medio.
